La nueva tasa de depreciación acelerada, propuesta por el gobierno, no supondrá un incentivo determinante para la reactivación de la inversión privada, advierten especialistas.

El proyecto de ley del Ejecutivo para establecer un régimen temporal de depreciación acelerada de edificios, construcciones y vehículos eléctricos no supondrá un impulso importante para reactivar la inversión privada. El propósito del gobierno es dinamizar la inversión en infraestructura al permitir a las empresas registrar mayores gastos y reducir así sus pagos de Impuesto a la Renta (IR). De acuerdo con la propuesta enviada al Congreso, la máxima tasa de depreciación se elevaría a 33.3% para edificios y construcciones a partir del siguiente ejercicio gravable; se aplicará si la construcción inicia en 2023 o si tiene un avance de obra de al menos 80% al 2024. Esto también podría ser aplicado por contribuyentes que en 2023 y 2024 adquieran bienes que se ajusten a las referidas condiciones. La tasa propuesta excede el 5% establecido en la Ley del IR y el límite de 20% que se fijó en pandemia a través del Decreto Legislativo 1488, en el 2020.

La propuesta tributaria no impactará a las empresas de manera transversal. Si bien este escudo fiscal sería atractivo para empresas que tengan IR por pagar, no necesariamente representaría un incentivo para aquellas que registran pérdidas. “No es que todas las empresas esperen tener utilidades en estos años, probablemente algunas tengan pérdidas tributarias. En este escenario, no les genera un beneficio inmediato [acogerse a este régimen] porque con la depreciación esa pérdida va a aumentar”, explica Dante Sanguinetti, socio del estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (PPU), quien no descarta que algunas compañías se decanten por algún sistema de arrastre de pérdidas. Este régimen sería más atractivo para compañías que, de 2023 hacia adelante, registren utilidades.

Sin embargo, de acuerdo a las fuentes consultadas, en un entorno de escaso dinamismo de la inversión privada y menor liquidez, el alcance del régimen de depreciación acelerada no sería significativo. Este año la inversión privada reportaría un crecimiento nulo y las expectativas macroeconómicas están en terreno negativo.

Sin embargo, el MEF espera una expansión de 2.5% en el 2023 gracias a “las mayores inversiones en infraestructura, así como la implementación de medidas para la promoción de la inversión”, según la exposición de motivos en el proyecto de ley.

En el ejercicio de 2021, la lenta recuperación económica habría evitado que el régimen anterior tenga una amplia acogida: apenas 321 contribuyentes aplicaron la alternativa de depreciación anunciada el año previo.

Hoy, en un contexto pospandemia, el factor que acotaría el impacto de la medida es la desconfianza. De hecho, un reporte de Credicorp Capital de abril arrojó que el Perú rompió récords de la duración de confianza empresarial negativa. “No creo que [este régimen] pueda tener un impacto muy significativo, o sea el de incentivar a efectuar inversiones. La adquisición de una obra de infraestructura pasa por otras variables, la arista tributaria es una de ellas. Quizá haya más acogida […] Pero el gobierno tiene que dar mensajes más claros”, observa Luis Miguel Sambuceti, asociado senior de DLA Piper.

Así, si bien más empresas podrían aplicar el régimen, el factor confianza limitaría el alcance de la medida. “Para construir necesitas un extra de liquidez y eso presume que la inversión privada se está dinamizando. Lo que se esperaba, luego de las restricciones por la pandemia, era que la economía se reactivara de manera natural. Pero no se está dando este dinamismo ni liquidez por razones ajenas al Covid-19, como la desconfianza”, señala Sanguinetti. “Ahora se puede aprovechar más el beneficio. Si la inversión privada fuera mejor, se podría aprovechar más aún. Pero detrás de la norma una de las intenciones es precisamente ayudar a acelerar la inversión”, matiza Humberto Astete, socio de Impuestos de EY.

El proyecto se evaluará en la Comisión de Economía del Congreso antes de ser elevado al Pleno. “Vamos a priorizar todos los proyectos, no solamente del Ejecutivo, también los que han ingresado, para ver el tema de la reactivación”, comentó Ilich López, congresista de Acción Popular y secretario de dicho grupo de trabajo.